El alquiler social es una medida regulada en el Real Decreto-ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esta norma dio lugar a la creación del Fondo Social de Viviendas que gestiona los inmuebles propiedad de las entidades de crédito para ofrecerlos mediante su arrendamiento a las personas que pierden su vivienda habitual.

Este plan ha sido diseñado para facilitar el acceso a un hogar a las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, hayan sido o no desalojadas, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. Se trata de una opción viable no solo para los usuarios que han sufrido un desahucio, sino también para los jóvenes y las personas mayores de 60 años con bajos ingresos.

Requisitos para acceder a un alquiler social

Para solicitar un alquiler social es preciso encontrarse en alguno de estos supuestos de especial vulnerabilidad:

  • Haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un desahucio por impago del préstamo hipotecario.
  • No contar con ninguna otra casa en propiedad.
  • Los ingresos no pueden superar 3 veces la cuantía fijada en cada periodo para el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
  • Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española.
  • Debe tratarse de una familia con hijos menores de edad o en caso de ser monoparental, tener a cargo al menos a dos hijos menores.
  • Alguno de los integrantes del núcleo familiar tiene que contar con un grado de discapacidad igual o superior al 30% o con una incapacidad que le impida trabajar.
  • No percibir ningún tipo de prestación pública. No obstante, en el caso de los jubilados, se acepta que tengan deudas hipotecarias que superen los subsidios.
  • Ser víctima de violencia de género o violencia doméstica.
  • Encontrarse en riesgo de exclusión social por algún motivo avalado por los servicios sociales.
  • Tratarse de personas en situación de dependencia.

¿Qué duración tiene un alquiler social?

Las personas que se encuentren en las situaciones anteriores pueden solicitar el alquiler social en la entidad bancaria que haya iniciado el proceso de desalojo de la anterior vivienda. Si la petición es aceptada y se firma el contrato de arrendamiento, la duración del mismo es de dos años como máximo. No obstante, este periodo se puede prorrogar hasta 7 años si se siguen cumpliendo los requisitos.

¿Qué precio tienen las viviendas de alquiler social?

Para que una vivienda sea considerada de alquiler social es preciso que la renta mensual oscile entre los 150 y los 400 € mensuales. Además, el arriendo no puede superar el 30% de los ingresos anuales de la familia y en algunos casos especiales, la cuantía a pagar puede ser inferior en función de la situación económica y personal.

Además de conseguir una vivienda adaptada a las necesidades particulares a un precio reducido, con el alquiler social también es posible acceder a otros beneficios. Entre ellos se encuentran las facilidades de pago para abonar la renta o la posibilidad de convertirse en propietario del inmueble en algunos supuestos.