Límites y derechos del propietario de una Vivienda de Protección Oficial

Publicado por Redacción, 10 Jun 2011

Como comentamos en anteriores ocasiones, ni todos pueden acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO), ni un propietario puede hacer y deshacer a su antojo una vez adquirida. Tan importante como disponer de viviendas protegidas por la Administración pública es saber los derechos y límites que un propietario tiene sobre ellas.

Una VPO goza del amparo de un límite que fija un precio por ella fuera de las variaciones del mercado inmobiliario. Además, pueden estar parcialmente subvencionadas y financiadas por la Administración. Esto hace que los promotores privados accedan a una serie de privilegios públicos a cambio de acatar el régimen de protección fijado (dimensiones de la vivienda, techo de precio, etc.). Esto permite que personas con niveles adquisitivos bajos tengan la oportunidad de acceder a una casa en propiedad.

 

 

El que quiera solicitar una VPO debe saber que puede financiar su compra gracias al llamado ‘préstamos cualificado’ y a través de ayudas directas de la Administración (en caso de reunir las condiciones económicas y sociales pertinentes). Además también hay subvenciones y ayudas tanto estatales como autonómicas.

Una vez comprada una VPO, el propietario también estará sometido al régimen de protección público, en virtud del cual se pueden realizar reclamaciones, en supuestos como en caso de que haya excedido el periodo fijado para la entrega de la casa (en el Ayuntamiento o en la Consejería de Obras Públicas y Transportes oportunos) o cuando haya daños y desperfectos al entrar a vivir (dentro de los plazos marcados, por supuesto, que variarán dependiendo de los desperfectos), como en cualquier vivienda normal, libre; habiendo también límites. Los más destacables son los concernientes a la reventa o alquiler de la casa, prohibidos en principio.

Alquiler y venta muy limitados
Una VPO no se puede vender o alquilar hasta, según marca el Plan Estatal de Vivienda (2009-2012), transcurrida una década desde que fuera adquirida, salvo en casos excepcionales (traslado por motivos de trabajo, por ejemplo). Pasados los 10 años, una VPO se puede vender a un precio jamás mayor al pagado por el propietario, teniendo la Administración pública derechos de tanteo y de retracto. En caso del alquiler, nunca a una renta superior a la establecida legalmente para estas viviendas.

Para que una VPO pase ase vivienda libre, sujeta a las leyes del mercado y fuera de la protección pública, deberá ser descalificada: legalmente pasados 30 años desde su calificación o mediante la ‘descalificación voluntaria’, muy limitada de por sí.



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